Las principales asociaciones madrileñas del sector del transporte de mercancías por carretera y de viajeros en autobús (AETG, AETRAM, ATA, CETM-Madrid, CONFEBUS-Madrid, FEMAV y FENADISMER Madrid) denuncian la inflexible actuación del Ayuntamiento de Madrid en materia de restricciones a la circulación tanto de camiones como de autobuses en la ciudad, como consecuencia de su decisión de convertir en 2025 todo el término municipal en Zona de Bajas Emisiones.
Esta política hostil al sector del transporte es única en toda España, ya que ninguna otra ciudad tiene planteada una actuación restrictiva similar hacia el sector del transporte, no responde a ninguna exigencia medioambiental, como lo demuestra el hecho de que en los últimos años la calidad del aire en la ciudad ha mejorado de forma importante, no habiéndose producido ningún episodio de alta contaminación desde 2020 según los datos oficiales publicados por el propio consistorio, ni tampoco se debe a ninguna exigencia normativa de ámbito estatal o europeo; de hecho el propio Ministerio de Transición Ecológica en su Guía de Directrices publicada en 2021 para la Creación de las Zonas de Bajas Emisiones, elaborada conjuntamente con la Federación Española de Municipios y Provincias, planteaba la necesidad de dar un tratamiento específico favorable a sectores profesionales como el del transporte y reparto para posibilitar que pudieran seguir prestando su actividad esencial: “El sector del reparto de mercancías y la logística requiere especial atención en las Zonas de Bajas Emisiones, asegurando que continúa prestando servicios”.
Sin embargo, y más allá de buscar un equilibrio entre desarrollo medio ambiental y el económico, el Ayuntamiento de Madrid ha persistido en su particular “cruzada” contra el sector madrileño del transporte por carretera, tanto de mercancías como de viajeros, obligando a achatarrar miles de camiones y autobuses en perfecto estado de uso y con su ITV al día, en muchos casos con menos de 10 años de antigüedad.
Así, la restricción en más de un 50% de la actual flota de transporte que pretende llevar a cabo el Ayuntamiento de la capital a partir del próximo mes de enero, supondrá automáticamente un importante encarecimiento de buena parte de los productos de alimentación y otros bienes que se consumen en la ciudad de Madrid por la reducción de la oferta de transporte ocasionada por dicha política ultra ecologista. Otro de los sectores que se verá muy perjudicado es el del transporte de mudanzas, ya que se trata de un sector con vehículos con una mayor vida útil debido a que durante gran parte del servicio se encuentran estacionados amparados por una autorización de ocupación e la vía pública, por lo que su incidencia en el medio ambiente es muy baja.
En este sentido, una de las cuestiones más preocupantes de esta incomprensible decisión será el de la práctica paralización de todos los nuevos desarrollos urbanísticos que se están llevando a cabo en la ciudad, en especial los del Sureste, así como los previstos tanto en Madrid Nuevo Norte como en la Operación Campamento, al impedirse que gran parte de la actual flota de vehículos de transporte de obras pueda continuar prestando su actividad, sin que exista alternativa alguna que pueda suplirla.
Por lo que al sector del transporte de viajeros se refiere, a partir del próximo 1 de enero el 45% de los vehículos de transporte de viajeros discrecionales y turísticos no podrán acceder al centro de Madrid. Esta medida supondrá un grave perjuicio de movilidad para los turistas y demás usuarios de estos servicios en la ciudad de Madrid, generando una disminución de la actividad turística, especialmente de los tours organizados para la visita de la ciudad, así como una evidente reducción del transporte de escolares y de trabajadores en dicha área, que repercutirá también en el resto de la sociedad madrileña, que será la gran perjudicada, incidiendo negativamente en el desarrollo económico de la ciudad y repercutiendo en los servicios de transporte al ver incrementados los costes de los mismos.
La ciudad de Madrid necesita un transporte competitivo para el crecimiento económico, la creación de empleo y la calidad de vida diaria de la población. El sector es partidario del fomento a la movilidad sostenible, pero sin desincentivar la actividad del transporte profesional. La Administración sabe que cuenta con el total apoyo del sector para impulsar entre todos una movilidad sostenible, pero siempre apostando por otro tipo de medidas que no pasen por restringir la actividad económica del sector, sino que fomenten su desarrollo.
Por todo ello, las asociaciones madrileñas de transporte, que desde la entrada en vigor de la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible vienen manifestando su preocupación ante las numerosas promesas incumplidas por parte del consistorio municipal, vuelven a realizar un llamamiento al Ayuntamiento de Madrid para que se siente a consensuar con el sector una política realista de adaptación del sector del transporte por carretera a las nuevas demandas medioambientales, que permita conjugar las medidas tendentes a la reducción de las emisiones con la prestación continuada de su actividad, por su consideración como actividad esencial para el resto de actividades económicas. Del mismo modo, las asociaciones han solicitado el apoyo de la Comunidad de Madrid en tan justa reivindicación, acorde con su política de apoyo y fomento del desarrollo económico en nuestra región.
